Que la Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestras vidas es obvio. Que puede facilitar la labor en el ámbito laboral, también. Y que el sector jurídico se apunte a esta nueva herramienta es algo lógico. Pero, ¿hasta dónde utilizar la IA en el sector jurídico? ¿Qué utilidades tiene y qué peligros conlleva?
Según la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la IA puede contribuir a mejorar la eficiencia automatizando tareas tediosas. Una afirmación que ha realizado en el Congreso Internacional Justicia e Inteligencia Artificial, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela, y que pone de relieve que la IA puede ser una importante aliada en esos trabajos que roban tiempo al abogado, tales como la revisión de documentos o la investigación legal.
De hecho, según los expertos, además de facilitar esa labor de revisión o investigación, la Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico también podría mejorar la accesibilidad y eficiencia de los servicios jurídicos, haciendo la justicia aún más universal; podría ayudar a localizar pruebas y argumentos de forma más rápida; e incluso, apostillan, podría ayudar a identificar sesgos en el proceso judicial.
Pero las bondades de esta nueva tecnología, y también han alertado sus propios creadores, se podrán conseguir solo con la cautela justa. Y es que en el entorno de la abogacía la IA se enfrenta a importantes desafíos éticos. No en vano, la misma Victoria Ortega como presidenta de la Abogacía Española ha apuntado que esta tecnología podría contribuir a un sistema judicial más equitativo siempre que se pongan en práctica una serie de recomendaciones y cautelas.
Así, afirman los expertos, la mayor preocupación ante la IA es el riesgo de sesgos en el sistema, ya que el uso de diversos algoritmos podría arrojar datos sesgados a la hora de asesorar al cliente. Además, puede haber riesgo de romperse la privacidad y la confidencialidad de la información legal si no se utiliza correctamente.
Por ello, desde el entorno jurídico se aboga por implementar normas de transparencia y uso así como la adopción de medidas para garantizar la seguridad de los datos. La creación de una regulación mínima del uso de la Inteligencia Artificial en el entorno jurídico garantizaría así la equidad, la ética y la protección del derecho de defensa, apostillan los especialistas.
Y esta línea también se ha recogido en las conclusiones del XII Congreso de la Abogacía, que recogen la necesidad de regular el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa online, así como para la selección de profesionales de la abogacía.
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha añadido además que es necesario “que se den una serie de condiciones: una regulación específica de la IA, transparencia en su funcionamiento, supervisión humana, evaluación independiente, protección de la privacidad y los datos personales, formación continua y articulación de mecanismos de rendición de cuentas”.
A la espera de conocer posibles regulaciones y su aplicación al entorno jurídico, desde Aequitas Legis Abogados apostamos por el uso de la Inteligencia Artificial con sentido común, es decir, sabiendo de sus posibles beneficios pero también conociendo sus eventuales consecuencias y riesgos.
¿Y qué pasa con el uso y límites de la Inteligencia Artificial a nivel general?
A pesar de su ya extendida utilización, el marco legal para la IA aún está dando pasos. Uno de los más importantes es la futura Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que será la primera ley integral en el mundo, y que fue aprobada por amplia mayoría el pasado mes de junio. El siguiente paso es negociar con los estados miembros la redacción del texto definitivo, que persigue el objetivo principal de asegurar los derechos fundamentales de las personas y que éstos no sean vulnerados por el uso de la IA.
A nivel nacional ya contamos con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que será la encargada de aplicar y ejecutar la normativa europea.
Mientras tanto, desde el ámbito de la abogacía debemos trabajar para seguir garantizando derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos, con un asesoramiento personalizado en cuanto a normas y principios éticos que orienten el desarrollo y el uso de esta tecnología de manera responsable y respetando todos los derechos humanos.